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viernes, 30 julio 2021

El pasado 10 de julio de 2021 se aprobó y publicó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, y se aprueba disminuir el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros.

Es el art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, el que regula esta limitación y cuya redacción ha sido modificada consecuencia de la entrada en vigor de la referida Ley 11/2021.

Dicho nuevo límite de 1.000 euros será aplicable desde el día 11 de julio de 2021.

Las principales modificaciones se dan en los siguientes ámbitos:

  • En las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. El límite que anteriormente era igual o superior a 2.500 euros, a partir de día 11.07.2021 pasa a ser igual o superior a 1.000 euros.
  • En las operaciones donde el pagador es una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. El límite que anteriormente era igual o superior a 15.000 euros ahora pasa a ser igual o superior a 10.000 euros.
  • La Base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a:
  • Hasta el 10.07.2021: 2.500 o 15.000 euros, según corresponda el límite anterior.
  • Desde el 11.07.2021: 1.000 o 10.000 euros, según corresponda el límite anterior.
  • El importe de la sanción:
  • Hasta el 10.07.2021: era el 25% de la base de la sanción.
  • Desde el 11.07.2021: es el 25% de la base de la sanción salvo la reducción de la sanción por pago voluntario en cualquier momento antes de la notificación de la resolución (50%).

Debemos decir que la nueva redacción de la sanción por pago voluntario se aplicará a las sanciones exigidas con anterioridad al 11.07.2021, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza (la Administración competente rectificará dichas sanciones). También resultará aplicable cuando el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción antes de 01.01.2022 y se acredite el ingreso del importe restante de la sanción.

Para terminar, debemos indicar que estos nuevos límites reducidos se aplicarán a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma (11.07.2021), aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

 

Fuente: Supercontable.com

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viernes, 30 julio 2021

Una de las novedades principales de la nueva LGT son las actas con acuerdo. Están previstas para supuestos de especial dificultad en la aplicación de la norma al caso concreto o para la estimación o valoración de elementos de la obligación tributaria de incierta cuantificación. El acuerdo se perfecciona con la suscripción del acta, para lo que será necesario autorización del órgano competente para liquidar y la constitución de un depósito, un aval o un seguro de caución.

En caso de imposición de sanciones, se aplicará una reducción del 50 por 100 sobre el importe de la sanción siempre que no se interponga recurso contencioso-administrativo. La liquidación y la sanción no podrán ser objeto de recurso en vía administrativa.

La LGT contempla como criterio de graduación de las sanciones tributarias la suscripción de un acta con acuerdo, por lo que solamente se podrá aplicar en un procedimiento de inspección y cuando se extienda un acta de este tipo.

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción que resulte se reducirá un 65 por 100, siempre que no se interponga recurso contencioso-administrativo. En estos supuestos no resulta aplicable, además, la reducción del 40 por 100 por el ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción.

Ha sido objeto de modificación este criterio de reducción, por la Ley 36/2006, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, pudiendo ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento la deuda resultante en un acta con acuerdo.

Los supuestos de aplicación son los siguientes:

  • Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados
  • Cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto
  • Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta.

Cuando se dé alguno de los referidos supuestos, la Administración tributaria, con carácter previo a la liquidación de la deuda tributaria, podrá concretar dicha aplicación, la apreciación de aquellos hechos o la estimación, valoración o medición mediante un acuerdo con el obligado tributario.

Además de los contenidos normales de las otras clases de actas, el acta con acuerdo incluirá necesariamente el siguiente contenido:

  1. a) El fundamento de la aplicación, estimación, valoración o medición realizada.
  2. b) Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de regularización.
  3. c) Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de sanción que en su caso proceda, a la que será de aplicación la reducción del 50 por 100, prevista en el apartado 1 del artículo 188 LGT 2003, así como la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.
  4. d) Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la totalidad del contenido a que se refieren los párrafos anteriores.

Será necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos para la suscripción del acta con acuerdo:

  1. a) Autorización del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo.
  2. b) La constitución de un depósito, aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, de cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta.

El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción del acta por el obligado tributario o su representante y la inspección de los tributos.

La tramitación conjunta en las actas con acuerdo tiene su regulación reglamentaria en los artículos 21 y 28 del RGRST 2004. El primero dispone que en los supuestos en que el interesado renuncie a la tramitación separada del procedimiento sancionador y en los supuestos de actas con acuerdo, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa reguladora del mismo. Mientras que el art. 28 RGRST 2004 desarrolla la tramitación conjunta del procedimiento de liquidación y del sancionador en el supuesto de actas con acuerdo.

La falta de suscripción de un acta con acuerdo en un procedimiento inspector no podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas de actas de conformidad o disconformidad.

 

Fuente: CISS 6405/2013

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martes, 08 junio 2021

Tras la publicación del Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de mayo (BOE 28/05/2021) se regula la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre de 2021, siendo ya la quinta prórroga aprobada desde la llegada de esta extraordinaria situación de gravedad provocada por la crisis sanitaria y económica del covid-19.

De este modo, este RD Ley establece la prórroga de los ERTES de fuerza mayor basados en causas relacionadas con la situación pandémica hasta el 30 de septiembre de 2021, así como, asimismo, prorroga hasta dicha fecha los límites y previsiones relacionadas con el reparto de dividendos y en materia de transparencia fiscal, establecidos en el art. 5 del Real Decreto 18/2020, de 12 de mayo, prorrogados, posteriormente, por el art. 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, el art. 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre y el art. 3 del Real Decreto 2/2021, de 26 de enero.

Así, y en materia de transparencia fiscal, las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTES aprobada por el RD Ley de referencia.

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, incluyendo en ella a las siguientes 12 jurisdicciones:

  • Samoa América
  • Fiyi
  • Guam
  • Palaos
  • Panamá
  • Samoa
  • Seychelles
  • Trinidad y Tobago
  • Islas Vírgenes de los Estados Unidos
  • Vanuatu

Finalmente, en cuanto al ámbito mercantil se refiere, se regula la imposibilidad de distribuir dividendos, en el ejercicio fiscal en que se apliquen los ERTES, para las sociedades que se acojan a la prórroga y utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, salvo que se abone con carácter previo el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social, estableciéndose una excepción a esta limitación para las entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores.

Fuente: CISS Fiscal

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martes, 08 junio 2021

El pasado 29 de mayo se publicó la Orden conjunta de la conserjería de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 28 de mayo de 2021 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

Según el BOIB estas ayudas tienen carácter finalista y se tienen que utilizar para satisfacer deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros. También para pagar los costes fijos considerados elegibles, de acuerdo con lo estipulado en la misma normativa.

Los beneficiarios de dichas ayudas son las empresas no financieras y los autónomos que cumplan los requisitos establecidos en dicha Orden, estableciéndose al respeto dos líneas de ayudas:

1.- Línea 1: Ayudas a empresarios que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF que cumplan los requisitos establecidos en la citada normativa.

El importe de la ayuda para estos casos es de 3.000 euros y no es necesario cumplir el requisito de la caída del volumen de operaciones para su solicitud.

Las solicitudes se aprobarán por riguroso orden de entrada.

2.- Línea 2: Ayudas a empresarios que apliquen el régimen de estimación directo en el IRPF y las entidades que determinen el resultado de sus actividades de acuerdo a las normas del IS o el IRNR.

Su volumen de operaciones anuales declarado en el IVA debe haber caído más de un 30% en 2020 con respecto a 2019 (en este año tiene que tener un resultado positivo neto).

El importe de la ayuda para esta línea va desde 4.000 y 500.000 euros, con los siguientes límites:

* Empresas con 10 o menos trabajadores: 100% de la caída del volumen de operaciones que supere el 30%.

* Empresas con más de 10 trabajadores: 50% de la caída del volumen de operaciones que supere el 30%.

Estas ayudas de línea 2 en todo caso se abonarán por el sistema de prorrateo.

Los solicitantes de las ayudas tienen que cumplir, en el momento de presentación de la solicitud, los siguientes requisitos generales:

  • Estar incluidos en un CNAE determinado (se enumeran en el Anexo I del BOIB de referencia).
  • Continuar en el ejercicio de la actividad desarrollada en el momento de la presentación de la solicitud.
  • No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, soborno, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
  • No haber dado lugar, a causa de la cual hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
  • Encontrarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
  • Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, ATIB y SS.
  • No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no encontrarse declarados en concurso, salvo que este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.
  • No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
  • Tener domicilio fiscal en las Islas Baleares.
  • No disponer de ningún tipo de cobertura de los gastos subvencionables para el pago de las cuales se solicitan estas ayudas.
  • No estar sometido a ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de las ayudas que establece el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Además de los requisitos anteriores, también se tendrán que cumplir determinados requisitos específicos en función de la tipología de beneficiario que presente la solicitud.

Por otra parte, deben tenerse además en cuenta cuales son las obligaciones de las personas beneficiarias de las referidas ayudas, siendo las siguientes:

  • Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el día 30 de junio de 2022.
  • No podrán repartir dividendos durante los años 2021 y 2022.
  • No podrán aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de dos años desde la aplicación de alguna de las medidas.
  • Mantener inalterado la cuenta bancaria, indicado en la presentación de la solicitud, hasta el final del primer trimestre del año 2023, el cual tendrá que corresponder a una entidad financiera en territorio español con un código IBAN indicado por ES.
  • Además de las anteriores, las abligaciones establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.

Se entienden por gastos subvencionables los siguientes:

  • Deudas con proveedores y acreedores.
  • Costes fijos vinculados con la empresa: salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera, incluidas las deudas con un socio o administrador.
  • Deudas meritadas entre el 1/3/2020 y 31/5/2021 y que procedan de contratos anteriores al 13/03/2021.
  • El orden de pago será en primer lugar los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, dando prioridad a la reducción del nominal de la deuda con aval público.

Para finalizar debemos indicar que el plazo de la solicitud de dichas ayudas se inicia el 14/06/2021 hasta el 28/06/2021, siendo necesario declarar el importe total de las deudas por las cuales se solicita la ayuda. El pago de los gastos subvencionables se tendrá que realizar en el periodo comprendido entre la fecha de inicio de presentación de solicitudes (14/06/2021) hasta 2 meses posteriores a contar desde el día en que se hizo efectivo el pago de la subvención.

Fuente: Noticias BOIB

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jueves, 06 mayo 2021

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que las subidas del Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, estos últimos tributos cedidos a las comunidades, puedan entrar en vigor el próximo ejercicio. Siempre atendiendo tendiendo a las recomendaciones que trasladen los 17 expertos que abordarán la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo y cuyo comité se ha constituido este lunes.

Montero ha explicado, antes del acto de presentación de dicho comité de expertos, que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios.

«Tenemos que ver cómo se tiene expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas», ha señalado Montero.

Aunque los expertos tendrán hasta el 28 de febrero para presentar sus conclusiones, Montero ha avanzado que la idea del Ejecutivo es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre las figuras fiscales para que el Gobierno las pueda incluir en los Presupuestos de 2022 y con ello lograr el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del PIB.

Así, sobre el rendimiento de algunos impuestos, como es el caso del Impuesto sobre Sociedades, Montero cree que su reforma debe ser «prioritaria» en el análisis que haga el comité de expertos, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

En este sentido y en clara referencia a la Comunidad de Madrid, donde el Impuesto de Patrimonio es prácticamente nulo, la ministra ha explicado que la reforma fiscal trata de evitar que «a nivel autonómico» se dejen «vacíos de contenido» algunas figuras fiscales «como ha sucedido en algunas comunidades» o abordar que la economía digital tenga un mayor reflejo en la tributación de España.

Fuente: Invertia

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jueves, 06 mayo 2021

Son destinatarios de dichas ayudas las empresas no financieras y autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente. Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles.

Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09- previstos en el Anexo I del citado real decreto ley.

Se prevé que serán las Comunidades Autónomas las que establecerán los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no superen los siguientes límites máximos:

  1. 000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  2. Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:

1.- El 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.

2.- El 20% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores apartados b1 y b2, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

No obstante lo anterior, en una última noticia el Govern anunció la semana pasada que el límite máximo en las Baleares se elevará de los 200.000 euros a los 500.000 euros, que se avanzará el 100% del dinero a través de anticipos para que las empresas cobren cuanto antes mejor, y que los sectores que pueden acceder a las ayudas se han incrementado en 46 respecto de los establecimientos en el primer decreto ley estatal, con lo cual han pasado de 94 a 140 en las Baleares. Además, la convocatoria beneficiará las empresas pequeñas antes las empresas grandes, y subvencionará con el doble de dinero el porcentaje de caída que hayan sufrido en la facturación. Además el Govern ha adelantado que cambiará el sistema de porcentajes de la pérdida a subvencionar, de tal forma que las empresas asumirán el 30% de sus pérdidas, pero podrán pedir ayudas para compensar el resto de la caída hasta conseguir el 100% del restante 70%.

Volviendo a la norma inicial, los destinatarios de dichas ayudas deberán cumplir, en el momento de presentación de la solicitud de estas ayudas, los siguientes requisitos:

  1. No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
  2. No haber dado lugar, por causa de la que hubieses sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
  3. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
  4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
  5. No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
  6. No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Además, los destinatarios de dichas medidas deben asumir los siguientes compromisos:

  1. Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
  2. No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
  3. No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas

Fuente: Noticias GOIB

 

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martes, 30 marzo 2021

Plazo de 2 años para la exención por reinversión en vivienda habitual

El art. 38 LIRPF contempla la exención de la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual siempre que se reinvierta el importe obtenido en la adquisición de una nueva residencia habitual en el plazo de los 2 años anteriores o posteriores a la transmisión de aquélla.

 

Al quedar suspendidos, en virtud de los RRDD-Ley 8 y 15/2020, los plazos de prescripción y caducidad de las acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria, el plazo de 2 años antes mencionado, quedó paralizado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. En este sentido se ha pronunciado la DGT en diversas consultas: DGT V3659-20, de 29 de diciembre, DGT V2767-20, de 10 de septiembre, DGT V1117-20, de 28 de abril, DGT V1118-20, de 28 de abril, DGT V1115-20, de 28 de abril, DGT V1232-20, de 4 de mayo, DGT V2837-20, de 22 de septiembre, DGT V3587-20, de 17 de diciembre, DGT V3659-20, de 29 de diciembre, DGT V0033-21, de 15 de enero, y DGT V0084-21, de 22 de enero.

 

Plazo de 6 meses para la exención por reinversión en rentas vitalicias

También quedó suspendido el plazo de 6 meses establecido legalmente para la reinversión en rentas vitalicias, durante el estado de alarma. Así, debe entenderse paralizado el cómputo del plazo para la reinversión en rentas vitalicias desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020 (DGT V2034-20, de 19 de junio).

 

Plazo para el cómputo del ejercicio de la actividad económica

Los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma no se computan en los trimestres de los pagos fraccionados a cuenta del IRPF e ingreso a cuenta del IVA en 2020. En concreto, en el primer trimestre del 2020, deben excluirse 18 días del total de 91. Por tanto, la reducción a aplicar en los pagos de ambos impuestos será de una 18/91 parte (DGT V1971-20, de 16 de junio y DGT V1101-20, de 28 de abril).

Los pagos fraccionados a cuenta del IRPF a realizar por los contribuyentes que determinen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva se calculan en el cuarto trimestre de 2020 se computan normalmente, sin computar como días de ejercicio de actividad los días naturales en los que el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID. Para el cálculo del pago fraccionado trimestral del IRPF sólo se tendrán en cuenta el número de días naturales del trimestre en que se haya ejercitado la actividad (DGT V0082-21, de 22 de enero).

 

Acuerdos de reducción o diferimiento del pago del alquiler

Como consecuencia de la difícil situación económica de los arrendatarios por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se ha podido reducir o diferir el pago del alquiler.

En caso de rebaja del precio del alquiler, el arrendador reflejará como rendimiento íntegro (ingresos) durante esos meses los nuevos importes acordados por las partes, cualquiera que sea su importe. En caso de diferimiento del pago, el arrendador imputará el rendimiento íntegro (ingresos) de estos meses en función de la exigibilidad de los nuevos plazos acordados por las partes. En ambos casos, seguirán siendo deducibles los gastos necesarios y no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir arrendado el inmueble (DGT V0985-20, de 21 de abril y DGT V1553-20, de 22 de mayo).

Otro supuesto, sería aquel en que el arrendador no acuerda la modificación o reducción del importe fijado como precio del alquiler (cualquiera que sea el importe de la reducción) ni acuerda el aplazamiento de su pago, produciéndose el impago de las rentas del alquiler a su vencimiento. En caso de impago del alquiler:

1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del local, incluso aunque no hayan sido percibidas.

2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo de tres meses anteriormente citado, o bien cuando el deudor se encuentre en situación de concurso.

En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.

En el caso de impago, como en los dos restantes casos (modificación del importe del alquiler y diferimiento de su exigibilidad), se podrán deducir los gastos incurridos en dicho periodo, sin que tampoco proceda la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la LIRPF, resultando de aplicación la reducción establecida en el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda (DGT V0081-21, de 22 de enero).

 

Deducción de suministros por profesional

No son deducibles los gastos de suministros del domicilio en el que se ha realizado la actividad económica durante la COVID-19 por no poder acudir al despacho profesional. En caso de utilización puntual de la vivienda habitual para el desarrollo de la actividad económica, ante la imposibilidad de acudir al despacho tras la declaración del estado de alarma, la DGT ha considerado que no es deducible el coste de los suministros utilizados, al no estar la vivienda parcialmente afecta a la actividad, siendo utilizada por una circunstancia ocasional y excepcional (DGT V3461-20, de 30 de noviembre).

 

Residencia fiscal

El tiempo que permanecen unos turistas en España debido al estado de alarma, computa a efectos de determinar la permanencia durante más de 183 días dentro del territorio español. Si hubieran pasado en España más de 183 días en el año 2020, serán considerados contribuyentes del IRPF (DGT V1983-20, de 17 de junio).

 

IRPF de vehículo

El vehículo cedido para uso particular tributará como rendimiento en especie durante el período del estado de alarma, aunque el vehículo estuviera inmovilizado. La declaración del estado de alarma no implica la inmovilización del vehículo y resulta indiferente, a efectos de la imputación como retribución en especie, que se haya o no utilizado para fines particulares (DGT V1387-20, de 13 de mayo).

 

Segundas residencias

La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria derivada de COVID-19 no tiene efecto alguno en la imputación de rentas inmobiliarias de los titulares de segundas viviendas, que no están alquiladas ni afectas a actividad económica alguna y que tampoco constituyen la residencia habitual del propietario.

Por ello, y tal y como concluye la DGT V1474-20 de 19 de mayo de 2020: «la imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular, sin que la Ley atienda a circunstancias que puedan afectar a dicha utilización, tales como la enfermedad, el trabajo u otras que determinen la imposibilidad de acudir a ella por la limitación de la movilidad consecuencia del Estado de Alarma», procede la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el art. 85 de la LIRPF.

 

Prestaciones por ERTE

Los pagos erróneos del SEPE en 2020, no se tendrán en cuenta en la declaración de la Renta 2020, si la Administración ya ha declarado inválido el pago. Al no haberse declarado aún la percepción de los referidos importes, por haberse efectuado su cobro en el ejercicio 2020, pendiente de declaración, no procederá realizar ninguna actuación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procediendo su reflejo en la declaración correspondiente al ejercicio 2020 una vez declarados inválidos por la administración pagadora, al no tener la naturaleza de renta (DGT V0016-21, de 13 de enero).

 

Cese de actividad de autónomo

En varias Consultas, la DGT determina que la prestación extraordinaria tiene la consideración de rendimiento del trabajo por tratarse de una prestación de desempleo en sentido amplio, y no sólo comprensivo de la situación de cese de actividad correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena (DGT V0098-21, de 28 de enero, DGT V0101-21, de 28 de enero o DGT V0099-21, de 28 de enero).

Además, en la DGT V0071-21, de 22 de enero, entra a analizar qué pasa en los casos en los que ha habido exención del pago de la cuota de autónomos. La exclusión total o parcial del pago de las cuotas del RETA derivada de una inexistencia de obligación o exención, determina su falta de incidencia en el Impuesto al no corresponder a ninguno de los supuestos de obtención de renta establecidos en el art. 6 LIRPF, no teniendo por tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto deducible para la determinación de los rendimientos.

 

Exclusión del régimen de estimación objetiva

En un supuesto en el que el interesado quedó excluido del método de estimación objetiva en 2019, por haber rebasado en 2018 la magnitud por volumen de rendimientos íntegros y en 2020, debido al COVID-19, el volumen de rendimientos íntegros no ha superado la magnitud excluyente del método. De acuerdo con el art. 34 RIRPF, el contribuyente afectado quedará excluido del método de estimación objetiva durante, al menos, los tres años siguientes. En el caso, la causa de exclusión se produjo en 2018, por lo que en los tres años siguientes (2019, 2020 y 2021), el interesado deberá determinar el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación directa, con independencia de que en estos períodos impositivos se cumpliesen las magnitudes que delimitan el ámbito de aplicación del método. Por tanto, en 2021, el interesado deberá determinar el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación directa (DGT V0028-21, de 15 de enero).

En la DGT V0128-21, de 29 de enero, se explica que la medida excepcional relativa a la reducción de los periodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en IRPF de 2020 y 2021, establecida en el art. 10 RDL 35/2020, está prevista únicamente para los supuestos de renuncia al método de estimación objetiva para los períodos impositivos 2020 y 2021 y no afecta a las causas de exclusión al método de estimación objetiva.

 

Subvenciones percibidas por suspensión de actividad o caída de ingresos

Las Comunidades Autónomas han otorgado subvenciones para autónomos con dificultades, que incluyen entre otras contingencias, la suspensión de la actividad o la caída de ingresos como consecuencia de la epidemia de COVID-19. Si la subvención se aplica a compensar gastos del ejercicio o la pérdida de ingresos, tendrá el tratamiento de subvención corriente, es decir, de ingreso en el ejercicio. Si estuviera destinada a favorecer inversiones en inmovilizado o gastos de proyección plurianual, se tratará como subvención de capital y se imputará en la medida en que se amorticen las inversiones o se produzcan los gastos realizados con cargo a la misma. Cuando los bienes no sean susceptibles de amortización, la subvención se imputará íntegramente en el ejercicio en que se produzca la enajenación o la baja en el inventario del activo financiado con la subvención (DGT V0105-21, de 28 de enero).

 

Tipo de retención

Sobre el tipo de retención aplicable en caso de prórroga de contratos temporales como consecuencia de COVID-19, se ha manifestado la DGT V3049-20, de 8 de octubre. En el marco de la impartición de talleres duales de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Ayuntamiento interesado como entidad promotora contrató con fecha 2 de diciembre de 2019 a personal docente y directivo por un período de nueve meses para la impartición de un taller. En el supuesto se ha venido aplicando el tipo mínimo del 2 por ciento respecto a las retribuciones del contrato inicial del personal docente y directivo de nueve meses de duración, planteándose ahora la operatividad de ese tipo mínimo en la prórroga del contrato por el tiempo de la suspensión de la impartición del taller. Al respecto, procede indicar que tal circunstancia (la prórroga) es una de las que obligan a regularizar el tipo de retención. En cuanto al tipo resultante de la regularización, seguirá siendo operativo el tipo del 2 por ciento como tipo mínimo pues la prórroga es también de duración inferior al año.

 

 

Fuente: CISS Fiscal

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martes, 30 marzo 2021

La campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comienza el 7 de abril y termina el 30 de junio de 2021. Si se efectúa domiciliación bancaria del pago, el plazo de confirmación finaliza el 25 de junio de 2021.

A continuación se relaciona el calendario de la campaña de renta para el año 2020:

3-3-2021: Obtención del número de referencia

24-3-2021: Suscripción a la APP “Agencia Tributaria”. Consulta de datos fiscales.

7-4-2021: Inicio de la presentación de declaraciones de renta y patrimonio 2020 por internet.

4-5-2021: Inicio solicitud de cita previa para atención telefónica plan “Le llamamos”.

6-5-2021: Inicio atención telefónica confección de declaraciones plan “Le llamamos”.

27-5-2021: Inicio solicitud cita previa para atención presencial.

2-6-2021: Inicio atención presencial en oficinas.

25-6-2021: Fecha límite domiciliación.

29-6-2021: Fecha límite cita previa.

30-6-2021: Fecha límite declaraciones.

5-11-2021: Fecha límite 2º plazo renta.

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miércoles, 03 marzo 2021

La falta de depósito de cuentas anuales en el RM no ocasionaba hasta ahora problemas legales para la sociedad, ni para sus administradores o liquidadores, resultando rentable la situación de sociedad inactiva o “zombie”, para evitar el pago de los gastos asociados a su disolución y liquidación. Solo en casos muy graves, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) procedía a sancionar.

A partir de ahora, la sanción es del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluido en la última declaración presentada ante la Administración tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.

En caso de no aportar la declaración tributaria, la sanción se establece en el 2% del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil. Y si se aporta la declaración tributaria, y el resultado de aplicar estos porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas es mayor que el 2% del capital social, se cuantifica la sanción en este último, reducido en un 10%.

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miércoles, 03 marzo 2021

Las empresas propietarias de inmuebles en alquiler no tendrán que tributar por un ingreso no recibido, en el caso de reducciones pactadas en los contratos de alquiler por la Covid-19, según ha confirmado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Así lo ha confirmado el organismo en su consulta sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19.

Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) valoran que la consulta del ICAC confirma su opinión y destacan que los arrendadores y arrendatarios «pueden respirar hoy un poco más tranquilos», tras haber soportado el «dolor de cabeza» adicional al perjuicio cuando sus asesores y auditores les explicaron que las condonaciones o reducciones de alquiler que habían pactado a causa de la Covid-19 no supondrían, como pensaban, un menor ingreso para los arrendadores y un menor gasto en el caso de los arrendatarios, sino que su efecto habría que distribuirlo en el resto de los años del contrato.

Esta situación venía motivada, explican los asesores fiscales, por dos consultas publicadas por el ICAC en 2011 y 2013, la primera en relación con un periodo inicial de carencia en un contrato de alquiler y la segunda, referente a un contrato con rentas anuales progresivas. Estas consultas indican que las reducciones en las rentas del alquiler deben distribuirse durante toda la duración del contrato.

El miembro de Aedaf Jordi Baqués explica que «el ICAC y por tanto la AEAT, a la luz de estas dos únicas consultas que no contemplaban la situación extraordinaria de paralización de la actividad económica vivida, consideraban que los arrendadores debían contabilizar y tributar en el año 2020 por buena parte de estas reducciones concedidas, a pesar de no haber obtenido estas rentas de alquiler, que pasaban en su mayoría a ser consideradas una menor renta futura.

También consideraban que los arrendatarios no podían contabilizar estas reducciones del alquiler en este año 2020, puesto que buena parte también debían contabilizarse como menor importe del alquiler en años futuros.

En este último caso, añade Baqués, «las cuentas de resultados de estas empresas arrendatarias quedaban así perjudicadas artificialmente en el año 2020 por unos alquileres que, en realidad, se habían condonado total o parcialmente, lo que en no pocos casos les podría conducir a una situación de insolvencia».

Los asesores fiscales han venido reclamando un cambio en esta consideración y que el ICAC aclarara «que cuando las reducciones del alquiler han sido fruto de una norma legal, una causa prevista previamente en el contrato inicial, o finalmente también, de un acuerdo concreto entre arrendador y arrendatario con motivo de una situación totalmente extraordinaria como ha sido la del Covid-19, dichas reducciones tuvieran pleno e inmediato efecto en los resultados del ejercicio».

Según los asesores, esto es lo que a grandes rasgos hizo el IASB, organismo que emite las normas internacionales de contabilidad (NIIF) en mayo de 2020, pero que pocas empresas en España podían aplicar.

Aedaf proponía que los ingresos de la empresa arrendadora de 2020se reduzcan de inmediato y no tributar por un ingreso que no se ha recibido y que, paralelamente, el arrendatario debe también poder reducir de inmediato sus pérdidas en estos ejercicios.

Eso sí, Aedaf ha apuntado que durante 2020 el ICAC no publicó la esperada consulta y muchas empresas cerraron sus cuentas con unas cifras más altas de ingresos y de gastos que las realmente acordadas. Ahora, señala Aedaf, las empresas arrendadoras y arrendatarias afectadas deberán rehacer sus contabilidades y el cierre del ejercicio 2020 para incorporar esta consideración en sus cuentas.

 

Fuente: Agencia Europa Press.

 

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