Regularización tributaria por pérdida de un beneficio fiscal aplicado

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"Plazo presentación declaración complementaria"

El Tribunal Económico-Administrativo Central reafirma el deber por parte del obligado tributario de regularizar su situación mediante una declaración complementaria en el caso de haber aplicado un beneficio fiscal sujeto a una serie de condiciones, las cuales no se han cumplido por parte del obligado.

La normativa de los diferentes modelos de impuestos contempla beneficios fiscales que permiten minorar la tributación, o incluso conseguir la exención, siempre y cuando se cumplan unos requisitos futuros. Desde el momento en que se incumple uno o varios de los requisitos que condicionaban el beneficio fiscal, el obligado tributario debe regularizar su situación mediante la presentación de la correspondiente autoliquidación complementaria.

En la mayoría de los impuestos, se establecen los plazos de prescripción para regularizar la situación tributaria en caso de que se tenga que presentar la autoliquidación complementaria. No obstante, en aquellos casos en los que la legislación del impuesto no prevé el plazo de presentación para regularizar la situación, el obligado tributario deberá presentar la autoliquidación complementaria dentro de un plazo de cuatro años, iniciándose el cómputo a partir de que se produzca el incumplimiento del requisito invalidante.

Así lo ha confirmado el Tribunal Económico-Administrativo Central, que recientemente se ha pronunciado al respecto. En particular, se ha referido a aquellos supuestos en los que la normativa no establece el periodo impositivo en el que se debe presentar la nueva declaración. En estos casos, el plazo de prescripción de los cuatro años regirá, tanto para la regularización voluntaria por parte del obligado tributario como para la comprobación de su situación tributaria por la Administración, que se computarán desde el momento en que se incumpla el requisito.

Además, la presentación de la autoliquidación complementaria inicia nuevamente los plazos de prescripción del impuesto y por tanto, la Administración contará con cuatro años para comprobar a partir de la regularización de la situación por parte del obligado tributario.

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